Monedero

                Lleva razón Monedero en que todos los focos han estado puestos sobre él, y en que muchos medios se han pasado y han dicho más de lo que debían, probablemente hasta mentiras. Lleva razón, no se lo discuto. Lo que no entiendo es qué esperaba. Eso mismo es lo que le ocurre  a todos los demás que están en el sitio en el que se ha situado él. ¿No cree que eso mismo es lo que le pasa a Rajoy, por poner un ejemplo? ¿O a Pedro Sánchez? ¿O a Llamazares? Todos ellos se han subido al escenario, un lugar en el que se te ve muy bien, donde estás expuesto al aplauso y a los pitos, a las flores y a los tomates, al ojo crítico de los listos y a la torpe voluntad de los tontos.

                Eso mismo es lo que le ocurre a los demás, incluso viniendo de él, de ellos. ¿No ha sido él uno de los que han puesto el foco sobre todo lo que hacen los demás? ¿No ha pitado, tirado tomates y sometido a su ojo crítico y a su voluntad a los que estaban subidos en el escenario en el que está él ahora? Monedero aún no tiene un papel importante en la obra que se representa en nuestra sociedad, pero ya está arriba, expuesto a las mismas miradas que los demás, esos a los que él llama “La casta”, miradas que vienen del patio de butacas, donde están sentados los medios de comunicación y los ciudadanos.

                Cuando estaba abajo, en el patio de butacas, Monedero señalaba con el dedo las miserias de los actores sociales y políticos e incitaba a los medios de comunicación y a los ciudadanos a pitarlos y a tirarles tomates. Y ahora que está arriba sigue haciendo lo mismo, como los demás, exactamente igual que los demás.

                Porque lo lamentable del asunto es eso: que Monedero ha resultado ser igual que los demás. Ha convocado una rueda de prensa para dar explicaciones y en lugar de dar explicaciones se ha puesto a repartir pitos y tomates a diestro y siniestro.

                Los actores tienden a repetir el guión cuando suben arriba, al escenario. El papel del actor de la oposición es prometer y el papel del que está en el Gobierno es incumplir lo prometido. El papel de todos los actores es pedir que se laven todos los trapos sucios, todos,  pero no lo es empezar por los trapos propios. El papel de todos los actores es exponer verdades a medias y sacar algunos documentos para construir una realidad distinta de la verdadera, una realidad de mentira que sirva para los medios afines y para los forofos. Entre esos actores ya se ha situado Monedero, y actúa igual que ellos.

                Por cierto, que en la prolija introducción de su exposición echó buena parte de la culpa de sus males a la persecución que ha estado sufriendo por quienes forman parte del “Régimen del 78”. Lo dijo así, como si hablara del Ancien régime o del Régimen franquista. Y no puedo dejar de decir que me dolió. Son muchos los que lucharon para que fuera posible la Constitución del 78, y gracias a ellos, y a la sociedad que superó el trauma de la dictadura y la tradición de enfrentamientos que ha habido en la Historia de España, Monedero puede dar clases en una universidad española y decir en ella lo que mejor le apetezca. Es más, gracias a ese régimen, Monedero puede situarse en el patio de butacas y repartir pitos y tomates sin consecuencia alguna, y, lo mejor de todo, gracias a ese régimen puede subirse al escenario y cambiar de una vez el papel de los actores, ese que por esta vez al menos ha seguido desempeñando como los demás, como aquellos a los que critica.

Democracia y Justicia (y 3)

Recursos escasos y demagogia

El Estado puede asignar recursos por igual y puede hacerlo de acuerdo con la necesidad (para igualar a los ciudadanos) y de acuerdo con los méritos.

Cuanto más alto es el límite de los recursos que se conceden por igual, más bajo es el de los que se distribuyen atendiendo a la necesidad o a los méritos, si los recursos afectados son escasos o de suma cero. O por decirlo de otra forma, si un dinero equis se adjudica asignando por igual mucha cantidad a cada uno de los interesados, queda muy poco para repartirlo atendiendo a criterios diversos.

Dado que la justicia conmutativa distribuye recursos por entender que existe una dignidad idéntica en sus perceptores, la asignación de recursos iguales tiene una marcha atrás muy difícil, pues el beneficiario entiende que se le dan por lo que es y no por lo hace o deja de hacer. Es más, la sociedad en su conjunto piensa que los recursos repartidos por igual son conquistas sociales y adapta a ellos sus valores. Por eso, cuando hay una situación de crisis económica grave y los gobernantes deben dar marcha atrás en la adjudicación igual de recursos, no se enfrentan tanto a un problema de índole económica (pues saben lo que tienen que hacer) como a un verdadero cambio social.

En las democracias, los políticos tienden naturalmente a hacerse querer por el electorado antes que a administrar con rigor los recursos escasos, pues siempre están a expensas del voto de los beneficiarios del reparto, por cuyo afecto compiten. El que recibe los recursos escasos no sólo cree que se han consolidado los bienes y derechos que se le han otorgado de manera conmutativa, sino que demanda más u otros, ya que ningún sacrificio le ha costado merecerlos. El político que reparte los bienes y derechos, y más aún el que aspira a repartirlos (a gobernar), está continuamente dispuesto a satisfacer esas peticiones, o incluso a otorgar derechos no reclamados, para ganarse el aprecio de quien ostenta la facultad de situarlo en el Gobierno o en la oposición.

Democracia y justicia (2)

Igualdad y mérito

Según la doctrina filosófica, justicia conmutativa es, en esencia, dar a todos por igual, mientras que justicia distributiva es, también en esencia, dar a cada uno de acuerdo con sus méritos. Tradicionalmente, la idea conmutativa de la justicia se ha aplicado a los pactos, en los cuales se genera un intercambio igual de derechos y obligaciones, en tanto que la justicia distributiva se ha aplicado a la distribución de bienes y derechos en la sociedad y al veredicto de los jueces, que deben valorar las diferencias de comportamiento.

Todos los derechos que se reparten afectan al desarrollo social y económico de un país y, en consecuencia, a su sistema de asignación de recursos. Ahora bien, hay unos derechos políticos, sociales o culturales, como el sufragio, en los que el beneficio de unos no supone directamente perjuicio para otros, y hay unos derechos de índole económica o suma cero, en los que se distribuyen recursos escasos, de manera que lo que gana uno lo pierde otro.

La Democracia ha tendido progresivamente a la asignación conmutativa de los bienes y derechos gracias a que el impulso de los progresistas ha sido asumido poco a poco por los conservadores. La consideración del ser humano como sujeto de derechos iguales, con independencia de su naturaleza y circunstancias, se ha ido afirmando en el ideario colectivo y en las leyes a medida que crecía la conciencia de los mínimos que merecía la dignidad humana. Los derechos de los presos, por muchos delitos de sangre que hubieran cometido, y la atención social hacia los que no contribuyen a las cargas o incluso hacia los contrarios al sistema, son ejemplos de la concepción igualitaria de las democracias modernas, verdaderos Estados Sociales de Derecho, que van más allá de la mera igualdad en el sufragio o de la pretensión de igualdad en el salario.

La elevación del punto de partida de la dignidad humana ha producido, no obstante, algunas situaciones inconvenientes que afectan a la concepción distributiva de la justicia, en las que no se diferencian suficientemente (ni se valoran) los distintos papeles que asumen los sujetos implicados. Así, el incremento de los derechos de los delincuentes, a los que frecuentemente se considera víctimas del sistema, ha supuesto una merma de la estimación social de las víctimas de esos delincuentes, a quienes se ve como parte del régimen que alienta los comportamientos delictivos. Y así, en algunos países, como España, el sistema educativo ha sido diseñado para elevar el nivel básico de todos los alumnos, lo que ha provocado la disminución del nivel superior y del nivel medio y la desmotivación de los mejores estudiantes, que ni han visto recompensado su esfuerzo ni han podido llevar hasta su límite las potencialidades de que disponían, con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad.

(Continuará) 

Democracia y justicia (1)

Igualdad y desigualdad:

Las pequeñas sociedades tribales del origen de la humanidad tenían como valor natural la igualdad entre sus individuos, pero en cuanto las sociedades empezaron a relacionarse con otras y descubrieron la desigualdad entre los seres humanos, establecieron como norma la igualdad entre los iguales y la desigualdad entre los desiguales. Esa norma fue tomada por las democracias antiguas, prosiguió cuando desaparecieron las democracias y fue adoptada por las democracias modernas, aunque en el ideario de las mismas se mostraba la igualdad como uno de sus principios fundamentales.

Por ejemplo, la forma más aberrante de la desigualdad, la esclavitud, fue considerada como algo natural por Aristóteles y persistió en los Estados democráticos hasta bien avanzado el siglo XIX. El sufragio censitario, que negaba el derecho del voto por los motivos más diversos (como no contribuir a los gastos del Estado, lo que de hecho suponía reservárselo a las clases altas, o a los que no sabían leer y escribir, lo que, como ocurrió en Estados Unidos hasta 1965, era tanto como negárselo a los negros), ha sido un recurso ordinario para los que propugnaban la desigualdad entre desiguales. Y la negación del voto a las mujeres ha persistido hasta épocas muy recientes en algunos países democráticos, como en Suiza, donde no pudieron ejercerlo a nivel federal sino hasta 1971, dado que la norma que establecía la igualdad era rechazada por el cuerpo electoral, constituido sólo por hombres, en una institución tan aparentemente democrática como el referéndum. 

La historia de las democracias es la historia de la conquista de la igualdad de los seres humanos hasta más allá de la desigualdad que se da entre ellos, sea esta por razones de sexo, de raza, de religión, de poder económico, de educación o, entre otras, de la inclinación sexual de los individuos. Esa conquista ha resultado muy difícil porque tras la desigualdad se oculta el poder, el miedo al diferente y la superstición. La relación desigualdad/igualdad ha sido la causa necesaria de las revoluciones (la aspiración del Tercer Estado frente al Primero y Segundo en la Revolución Francesa de 1789 o la del proletariado frente a la clase dominante en la Revolución Rusa de 1917) y de las fricciones más importantes entre las múltiples tendencias políticas de una sociedad estable.

Porque, usualmente, la divergencia básica entre los diferentes movimientos políticos no rupturistas es la que separa a los que desean progresar en la igualdad de los que quieren mantener el statu quo existente. Ese es, también hoy, el principal signo de distinción entre los llamados progresistas y los denominados conservadores. O, quizá, lo sea hoy más que nunca, dada la convergencia que los modelos políticos actuales tienen hacia el estándar económico intervencionista, de raíz socialdemócrata.

El laicismo o la confesionalidad, el estatuto personal de los inmigrantes y el matrimonio de los homosexuales son ejemplos actuales de fricciones entre los progresistas y los conservadores que tienen como origen último la pugna entre la igualdad y la desigualdad.

(Continuará)

Vivir como los ricos (sin serlo)

Todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, a recibir una sanidad de calidad y a recibir unas pensiones de calidad, entre otras muchas prestaciones de calidad.

Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir como los daneses o los noruegos, pongo por ejemplo, o incluso mejor. Cuando digo todos los seres humanos no digo solo los alemanes, que las reciben de una forma parecida, o los españoles (todos los españoles, remarco), sino también todos los griegos. Y añado que también tienen ese derecho todos los habitantes de la República Democrática del Congo y todos los de Haití, por citar solo dos ejemplos.

Independientemente de que en todas partes haya diferencias entre ricos y pobres, parece evidente que en unos países son más grandes que en otras, y parece evidente que unas sociedades están mejor gestionadas que otras. Quizá la diferencia entre la calidad de los derechos que asisten a todos los congoleños y a todos los daneses no sea sólo la gestión, pero sí parece serlo la diferencia entre la calidad de los derechos que tienen los daneses y la que tienen los griegos.

                Si fuera posible gastar indefinidamente lo que no se tiene, todos viviríamos como los daneses. Eso debería saberlo cualquier honrado padre de familia.

                Todas las economías son parecidas, la estatal y la familiar, aunque una tenga la facultad de imprimir billetes y otra no. No hace falta ir a la facultad para saber de economía, como nos demuestran a diario quienes deben llegar a fin de mes con un sueldo de miseria. Por muchos teoremas que se aprendan en la facultad de Económicas, la economía no es una ciencia matemática (natural), sino social, y se aprende con la experiencia del día a día. Su mayor teorema es el sentido común. Si se aplica el sentido común, se gestiona bien. Si no se aplica el sentido común, se gestiona mal.

                Si un padre de familia cree que puede vivir indefinidamente tan bien como su vecino por el mero hecho de gastar dinero prestado, se equivoca. Podrá gastarse dinero prestado para invertir en educación o en un negocio, porque ese dinero generará riqueza si está bien gestionado, pero no para irse de vacaciones una y otra vez o para tener tantas teles como le apetezca.

                Si fuera posible gastar indefinidamente lo que no se tiene -insisto–, imprimiendo billetes o pidiendo dinero prestado, todos viviríamos como los daneses. Y no sólo los españoles o los griegos, también vivirían todos los congoleños y todos los haitianos y con ellos todos los habitantes del mundo. Lo malo del dinero es la riqueza de un país es la que es, por más billetes que imprima el banco central, y que los préstamos hay que devolverlos, porque de lo contrario no te vuelven a prestar.

                Como el sentido común dice que la solución está en gestionar mejor, no acabo de entender a esos que quieren liderarnos prometiéndonos el oro y el moro sin gestionar mejor, sin apenas sacrificios y sin aumentar la riqueza. Ni entiendo a quienes los escuchan. ¿Es que ellos mismos no han aprendido de la gestión de su casa? ¿Creen, de veras, que todo se solucionaría apretando las tuercas de los ricos, dejando de pagar las deudas e imprimiendo billetes?

¿En interés de quién?

El referéndum parece la quintaesencia de la democracia, porque supuestamente el pueblo decide sobre un asunto concreto que le afecta directamente, como si lo hiciera en asamblea*. Al pueblo, sin embargo, nunca se le pregunta si quiere pagar más impuestos o menos, ni se le pregunta si quiere hacer una guerra o no. Normalmente, nunca se le pregunta en democracia sobre lo que le interesa de veras, sino sobre lo que le interesa a los que promueven la consulta. Entonces, la participación suele ser minoritaria, cuando no testimonial, aunque los que defendieron el proceso participativo lo presenten como un éxito sin paliativos. La “consulta” del 9N en Cataluña, el referéndum para la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el “sondeo” sobre la apertura al tráfico de la calle Mayor de Pozoblanco caen –con sus diferencias– dentro de esta categoría.

                Hace unos días, Izquierda Unida de Andalucía habló de consultar a las bases para ver si confirmaban el pacto de gobierno con el PSOE, es decir, pensó que podrían hacerse las cosas al revés, pues normalmente son las bases las que eligen a sus dirigentes, quienes luego deciden si es necesario pactar y, en su caso, con quién lo hacen y con quién no. No en vano, son los dirigentes los que conocen toda la información (la pública y la reservada), los que pueden flexibilizar los programas (en todo pacto hay cesiones) y los que, finalmente, deben responsabilizarse de la gestión del partido, no las bases. Dicho de otra forma: los dirigentes de Izquierda Unida habían formalizado un pacto de legislatura con el PSOE, pero pensaron que podían utilizar a las bases para meter presión a su socio de gobierno y, de paso, para aparecer como la quintaesencia de la democracia, ahora que tanto se llevan las asambleas, las consultas y los referéndums.

                La Presidenta de la Junta de Andalucía se tomó mal la amenaza de consulta. O eso ha dicho. Por cierto, no era ella la candidata del PSOE a Presidente la última vez que los andaluces fueron a votar. 

Aunque el Estatuto de Autonomía expresa claramente que son los parlamentarios, y no los andaluces, los que eligen al Presidente de la Junta de Andalucía, los andaluces fueron a votar con la creencia de que el candidato del PSOE a Presidente era José Antonio Griñán, no ella, igual que irán a votar el día 22 de marzo con la creencia de que será ella la candidata a Presidente de la Junta, y no el que ocupa el segundo puesto de la lista por Sevilla. Cuando dimitió Griñán, Susana Díaz pudo haber apelado a la voluntad de los andaluces, pero apeló al Estatuto de Autonomía y no hubo elecciones.

                A los andaluces ha apelado ahora, que sus socios de gobierno amenazaban con consultar a sus bases. Antes que sean las bases de Izquierda Unida las que decidan sobre la estabilidad del gobierno, que esa decisión recaiga sobre los andaluces, ha venido a decir Susana Díaz. Y ese ahora tiene carácter inmediato, tanto que las elecciones autonómicas serán dos meses antes de las municipales.

En un país como España, en el que las elecciones catalanas, y las vascas, y las gallegas, y las andaluzas, y el resto de las autonómicas y las municipales, y las europeas, y las generales, y los referéndums, y las “consultas”, afectan a todos los ciudadanos del Estado, estén o no estén llamados a votar, la acumulación de campañas electorales, con sus promesas y sus batallas y sus subsiguientes expectativas defraudadas, está ocasionando en la ciudadanía un cansancio que ya es hartazgo, con el peligro que supone que esos ciudadanos hartos no se vuelvan contra quienes los utilizan para justificar sus decisiones, sino contra el sistema mismo.

                La Presidenta de la Junta de Andalucía podía haber convocado elecciones autonómicas para el mismo día que se celebrarán las municipales, como ocurrirá en trece de las diecisiete comunidades autónomas españolas, pero las ha convocado ahora, para ya, invocando el interés de los andaluces. No parece, sin embargo, que a los andaluces nos interese mucho ir a votar dos veces en dos meses cuando podemos hacerlo en un solo acto, como va a pasar en la mayor parte de España. Ni parece que nos interese mucho gastarnos el dinero que eso supone, ni mucho menos parece que nos interese sufrir (el verbo está puesto a propósito) dos campañas electorales en dos meses. Es más, ni nos interesa ni nos lo merecemos. Tiene que haber otro interés distinto. Y si no es el interés de los andaluces, no creo que sea el interés de los partidos de la oposición al Gobierno. Tiene que ser el interés de quien tenía la potestad para hacerlo.

Si Susana Díaz ha convocado elecciones ya en lugar de hacerlo dentro de dos meses es porque le interesa a su partido. Así de simple y así de claro. Porque cree que su partido tiene ahora una ventaja sobre el resto de partidos que no tendrá cuando se celebren las municipales. Como es un interés legal y legítimo, debía decirlo así, valientemente, en lugar de esconder su decisión tras el interés de los andaluces.

Otra cosa es que esa ventaja que supone Susana Díaz cuaje luego en las urnas. Y no es lo único que está por ver. También está por ver ese compromiso para cuatro años con Andalucía del que tanto habla.

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* Votar es imprescindible, por supuesto, pero no cuenta tanto la votación como la calidad de la votación. La calidad de la votación sí es la medida de la democracia. Y la calidad de la votación se demuestra de muchas formas. Por ejemplo, no parece de muy buena calidad una votación en la que el presidente de una mesa electoral es el principal instigador de una de las alternativas del proceso participativo, como hizo Oriol Junqueras en la “consulta” del pasado 9N. Tampoco parece de muy buena calidad una votación en la que una parte de la población decidirá sobre los derechos de otra, como ocurrió parcialmente en Suiza hasta 1971 (hasta entonces, cuando le preguntaban a todos los que tenían derecho a voto, los hombres, si las mujeres debían gozar de ese derecho, siempre salía que no). Ni parece de muy buena calidad una votación en la que los medios de comunicación públicos se ponen al servicio de la propuesta oficial (y aquí no pongo ejemplos para no abrumar al lector, porque hay muchísimos).