miércoles, 28 de enero de 2015

¿En interés de quién?



El referéndum parece la quintaesencia de la democracia, porque supuestamente el pueblo decide sobre un asunto concreto que le afecta directamente, como si lo hiciera en asamblea*. Al pueblo, sin embargo, nunca se le pregunta si quiere pagar más impuestos o menos, ni se le pregunta si quiere hacer una guerra o no. Normalmente, nunca se le pregunta en democracia sobre lo que le interesa de veras, sino sobre lo que le interesa a los que promueven la consulta. Entonces, la participación suele ser minoritaria, cuando no testimonial, aunque los que defendieron el proceso participativo lo presenten como un éxito sin paliativos. La “consulta” del 9N en Cataluña, el referéndum para la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el “sondeo” sobre la apertura al tráfico de la calle Mayor de Pozoblanco caen –con sus diferencias– dentro de esta categoría.


                Hace unos días, Izquierda Unida de Andalucía habló de consultar a las bases para ver si confirmaban el pacto de gobierno con el PSOE, es decir, pensó que podrían hacerse las cosas al revés, pues normalmente son las bases las que eligen a sus dirigentes, quienes luego deciden si es necesario pactar y, en su caso, con quién lo hacen y con quién no. No en vano, son los dirigentes los que conocen toda la información (la pública y la reservada), los que pueden flexibilizar los programas (en todo pacto hay cesiones) y los que, finalmente, deben responsabilizarse de la gestión del partido, no las bases. Dicho de otra forma: los dirigentes de Izquierda Unida habían formalizado un pacto de legislatura con el PSOE, pero pensaron que podían utilizar a las bases para meter presión a su socio de gobierno y, de paso, para aparecer como la quintaesencia de la democracia, ahora que tanto se llevan las asambleas, las consultas y los referéndums.


                La Presidenta de la Junta de Andalucía se tomó mal la amenaza de consulta. O eso ha dicho. Por cierto, no era ella la candidata del PSOE a Presidente la última vez que los andaluces fueron a votar. 


Aunque el Estatuto de Autonomía expresa claramente que son los parlamentarios, y no los andaluces, los que eligen al Presidente de la Junta de Andalucía, los andaluces fueron a votar con la creencia de que el candidato del PSOE a Presidente era José Antonio Griñán, no ella, igual que irán a votar el día 22 de marzo con la creencia de que será ella la candidata a Presidente de la Junta, y no el que ocupa el segundo puesto de la lista por Sevilla. Cuando dimitió Griñán, Susana Díaz pudo haber apelado a la voluntad de los andaluces, pero apeló al Estatuto de Autonomía y no hubo elecciones.


                A los andaluces ha apelado ahora, que sus socios de gobierno amenazaban con consultar a sus bases. Antes que sean las bases de Izquierda Unida las que decidan sobre la estabilidad del gobierno, que esa decisión recaiga sobre los andaluces, ha venido a decir Susana Díaz. Y ese ahora tiene carácter inmediato, tanto que las elecciones autonómicas serán dos meses antes de las municipales.


En un país como España, en el que las elecciones catalanas, y las vascas, y las gallegas, y las andaluzas, y el resto de las autonómicas y las municipales, y las europeas, y las generales, y los referéndums, y las “consultas”, afectan a todos los ciudadanos del Estado, estén o no estén llamados a votar, la acumulación de campañas electorales, con sus promesas y sus batallas y sus subsiguientes expectativas defraudadas, está ocasionando en la ciudadanía un cansancio que ya es hartazgo, con el peligro que supone que esos ciudadanos hartos no se vuelvan contra quienes los utilizan para justificar sus decisiones, sino contra el sistema mismo.


                La Presidenta de la Junta de Andalucía podía haber convocado elecciones autonómicas para el mismo día que se celebrarán las municipales, como ocurrirá en trece de las diecisiete comunidades autónomas españolas, pero las ha convocado ahora, para ya, invocando el interés de los andaluces. No parece, sin embargo, que a los andaluces nos interese mucho ir a votar dos veces en dos meses cuando podemos hacerlo en un solo acto, como va a pasar en la mayor parte de España. Ni parece que nos interese mucho gastarnos el dinero que eso supone, ni mucho menos parece que nos interese sufrir (el verbo está puesto a propósito) dos campañas electorales en dos meses. Es más, ni nos interesa ni nos lo merecemos. Tiene que haber otro interés distinto. Y si no es el interés de los andaluces, no creo que sea el interés de los partidos de la oposición al Gobierno. Tiene que ser el interés de quien tenía la potestad para hacerlo.


Si Susana Díaz ha convocado elecciones ya en lugar de hacerlo dentro de dos meses es porque le interesa a su partido. Así de simple y así de claro. Porque cree que su partido tiene ahora una ventaja sobre el resto de partidos que no tendrá cuando se celebren las municipales. Como es un interés legal y legítimo, debía decirlo así, valientemente, en lugar de esconder su decisión tras el interés de los andaluces.


Otra cosa es que esa ventaja que supone Susana Díaz cuaje luego en las urnas. Y no es lo único que está por ver. También está por ver ese compromiso para cuatro años con Andalucía del que tanto habla.

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* Votar es imprescindible, por supuesto, pero no cuenta tanto la votación como la calidad de la votación. La calidad de la votación sí es la medida de la democracia. Y la calidad de la votación se demuestra de muchas formas. Por ejemplo, no parece de muy buena calidad una votación en la que el presidente de una mesa electoral es el principal instigador de una de las alternativas del proceso participativo, como hizo Oriol Junqueras en la “consulta” del pasado 9N. Tampoco parece de muy buena calidad una votación en la que una parte de la población decidirá sobre los derechos de otra, como ocurrió parcialmente en Suiza hasta 1971 (hasta entonces, cuando le preguntaban a todos los que tenían derecho a voto, los hombres, si las mujeres debían gozar de ese derecho, siempre salía que no). Ni parece de muy buena calidad una votación en la que los medios de comunicación públicos se ponen al servicio de la propuesta oficial (y aquí no pongo ejemplos para no abrumar al lector, porque hay muchísimos).