Alguien
a quien conozco bien acaba de obtener una doble titulación universitaria, en
España y en Francia. En Francia, en la gala final de la carrera le dieron el
diploma demostrativo del título, sin que previamente hubiera tenido que abonar ni
un céntimo. En España (en Sevilla, más en concreto), ha debido pagar las tasas correspondientes
para que le den el diploma, por lo que le han extendido un justificante. Ese es
el documento del que dispone en la actualidad para acreditar que ha completado
sus estudios y del que dispondrá durante mucho tiempo, tal vez varios años, si
nos atenemos a lo que en España se suele tardar en expedir un título. De hecho,
a esta misma persona tardaron más de cinco años en darle el diploma
acreditativo del título que obtuvo en el conservatorio profesional de Córdoba.
Trabajo en una Administración pública
desde hace una pila de años y no me imagino una instrucción más simple que la expedir
un diploma. Que las Administraciones educativas españolas se demoren varios años en otorgar un documento cuyo único requisito previo es la comprobación
de un expediente y el estampado de unas firmas no me produce otra emoción que
la perplejidad. ¿Cómo es posible que se tarde tanto en hacer algo tan sencillo?
Y aún más, ¿cómo es posible que en España nadie se espante ante un dislate tan
enorme? ¿Será porque a la postre se
funciona igual con el diploma que con el resguardo del diploma?
La evidencia de que España no es
un país que funcione con diplomas, sino con el resguardo del diploma, me ha
llevado a pensar que en España no tenemos desde hace bastante tiempo un Gobierno constituido formalmente después de unas elecciones,
sino un Gobierno provisional. Otra evidencia es que
con el Gobierno provisional se funciona bastante bien, quizá mejor que con un
Gobierno definitivo. Que el Parlamento no ande cambiando las leyes y que el
Gobierno no meta las manos en la realidad más que para ejecutar meros actos de
trámite se agradece sobremanera. Especialmente porque esa realidad que los
políticos dejan a su libre albedrío es la sociedad, que en España es bastante
más capaz y más madura de lo que están demostrando ser ellos mismos.
También se agradece que los
únicos que no han dejado de funcionar sean los jueces, el último defensor del
interés público que representa una ley que ahora no cambia. Una situación no
muy distinta, si se me permite citarme, de la que había al principio en la ciudad de Sholombra.
