El Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International de 2010 expresa que los partidos políticos
son percibidos como la institución más corrupta en todas las partes
del mundo y que ocho de cada diez personas consideran a los partidos
políticos como corruptos o extremadamente corruptos. Ellos lo saben,
pero sólo en algunos países son conscientes de su situación e
intentan enmendarlo haciendo leyes que los obligan a controlar mejor
sus gastos, a ser más transparentes y a ocupar en la medida justa
los organismos públicos. Para ello hace falta tener una altísima
conciencia democrática, pues como es conocido nadie tira piedras
contra su propio tejado.
No parece el caso de los
partidos españoles. La Ley Orgánica de financiación de los
partidos políticos, 8/2007, de 4 de julio, en lugar de poner coto a
su excesivo gasto de funcionamiento (primordialmente el que supone la
publicidad electoral), de controlar su endeudamiento y las sombras
que hay sobre su cancelación y de corregir su gran burocratización,
en lugar, en fin, de exigirles control, eficiencia y austeridad,
aumentó en un 20% las subvenciones ordinarias, que constituyen el
capítulo más importante de sus recursos. A cambio, prohibió las
donaciones anónimas, que como las nominativas siempre han sido muy
escasas.
El Informe del Tribunal del
Cuentas de fiscalización de los estados contables de 2006 de los
partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes
Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, el último publicado en la web correspondiente cuando se
redactan estas páginas,
pone de manifiesto la existencia de ayudas públicas no previstas por
la Ley, la generalizada exclusión de la contabilidad de la actividad
económico-financiera de la organización local y de sus grupos
municipales, la renegociación y cancelación de operaciones
bancarias de crédito en términos oscuros, la exorbitante
desproporción entre la financiación pública y los demás ingresos,
etc. Y todo sin considerar, pues no aparece en el informe, que hay
una cantidad enorme de personal de confianza que, aunque oficialmente
trabaja para los representantes políticos en las instituciones
públicas, en verdad ocupa la mayor parte de su tiempo en labores de
asistencia a los partidos políticos.
(Según anuncia la prensa,
pues en el momento anteriormente expuesto aún no consta en su web,
el Informe del Tribunal del Cuentas de fiscalización de los estados
contables de 2007, entregado al Congreso en 2012, los partidos
políticos recibieron 281 millones de euros en subvenciones, en tanto
que ingresaron por otros conceptos 67,9 millones de euros).
Si no fuera por los
informes del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos (que
se publican en el B.O.E.), nada sabríamos sobre su situación
interna, por lo que su necesidad es evidente, pero debe apuntarse que
los miembros de dicho tribunal son elegidos a partes iguales por el
Congreso y el Senado (con la misma proporción y por los mismos
órganos se eligen ahora los miembros del Consejo General del Poder
Judicial), donde mandan los núcleos duros de los partidos políticos,
y que los informes son remitidos a Las Cortes y ahí se quedan, es
decir, se remiten a los mismos que están siendo fiscalizados.
En el índice de
percepción de la corrupción de 2011 de Transparency International,
que encabezan como menos corruptos Nueva Zelanda, Finlandia y
Dinamarca, España se presenta en el puesto 31, con una discreta nota
de 6,2. Parece una situación acorde con la imagen que ofrecen los
partidos, o incluso más alta, dado el escaso aprecio que la clase
política tiene entre los españoles. No en vano, los últimos
barómetros del CIS sitúan a la
clase política, los partidos políticos
en el tercer lugar entre las preocupaciones de los encuestados, sólo
detrás del paro
y los
problemas de índole económica.
(Puede leer el libro completo de La Democracia retórica en pdf pinchando sobre la imagen que hay en la columna de la derecha)
