Según consta en el Archivo Municipal de
Torrecampo, el 30 de junio de 1899 presentaron su renuncia al puesto todos los
empleados municipales del Ayuntamiento de esa villa, desde el secretario a los
dos vigilantes de las luces pasando por el director de la banda de música. La
renuncia, redactada con la misma letra y el mismo contenido, fue aceptada por
el alcalde saliente el mismo día 30.
El 1 de julio de 1899, o sea, un día más tarde,
el nuevo alcalde, que había tomado posesión ese mismo día, nombró a los nuevos
empleados públicos, que habían formulado la correspondiente solicitud en
escritos de fecha 30 de junio prácticamente idénticos, si bien el de un
encargado de las luces ni siquiera llegó a firmarse.
Ese cese absoluto y ese inmediato nombramiento
absoluto no era ninguna excepción, pues acaeció durante mucho tiempo y para
todas las Administraciones de España, y obedecía a un parte del pacto de El
Pardo, de 24 de noviembre de 1885, por el quedó instituido el sistema de turnos
entre los liberales y los conservadores, que les sirvió para repartirse el
poder a finales del siglo XIX y principios del XX, aplicando de la forma más
grosera el fraude electoral. Esto es, cuando entraban unos a mandar, echaban a
todos los empleados públicos y ponían a otros, que a su vez cesaban cuando se
iban los políticos que los habían nombrado.
Puede imaginarse el lector la situación. Puede
imaginar, por ejemplo, a qué personas nombraban los políticos recién entrados y
el grado de competencia de los nuevos empleados públicos. Puede imaginarse los
niveles de independencia e imparcialidad de su actuación, con quiénes estaban
comprometidos o a quiénes debían fidelidad.
El lector puede ponerse en el contexto actual.
Puede imaginar que los partidos políticos (porque son ellos los que gobiernan)
pueden cesar a todos los empleados públicos, incluidos médicos, enterradores,
maestros, jardineros, policías, bomberos e inspectores de hacienda y trabajo, y
que al día siguiente pueden nombrar a los que ellos quieran. ¿Se ha puesto el
lector en situación? ¿Cree, de verdad, que los partidos dejarían en su trabajo
a los más competentes y sustituirían a los que no lo son por otros competentes?
¿No cree, como creo yo, que los empleados competentes huirían del sistema y
solo los muy incompetentes acabarían entrando y saliendo del mismo al capricho
de los políticos afines a su ideología?
Dimisión de un encargado de las luces y decreto del Alcalde aceptándola
Hasta 1918, con Antonio Maura al frente de un gobierno
de concentración, no se aprobó la Ley de Funcionarios que terminó con el
sistema de cesantías y garantizó la continuidad de los funcionarios, salvo
"faltas graves de moralidad, desobediencia o reiterada negligencia en el
cumplimiento de los deberes del
cargo", que debía constatarse en un expediente gubernativo instruido con
audiencia del interesado, quien podía recurrir la resolución final ante los
tribunales. La Ley aquella y las leyes que siguieron acabaron identificando al
funcionario con el puesto que ocupaba, de tal manera que el puesto era del
funcionario, no del político que lo nombraba.
O sea (y esto es lo más importante), que el
médico, el barrendero, el jardinero, el maestro, etc. continúen en su puesto
sea quien sea el que gobierne es un mecanismo de defensa de la sociedad ante quienes
se creen que porque hayan sido elegidos por el pueblo el pueblo decide a través
de ellos en todo caso, siempre. Continuar en su puesto solo es una garantía
para el funcionario como consecuencia de la garantía original de la sociedad, y
no debe olvidarse que el funcionario puede ser expedientado y, en su caso,
sancionado, con medidas que pueden llegar a la expulsión.
Conviene tener presente esta idea cuando
hablamos del incomprensible derecho de los funcionarios a continuar en el cargo
pase lo que pase, porque no es cierto: ese derecho es de la sociedad y los
funcionarios pueden ser corregidos y expulsados. Y conviene tener presente que
cuando una Administración no funciona la culpa la tienen quienes la dirigen,
como cuando no funciona cualquier otra organización, pública o privada. Es a
los dirigentes a los que corresponde estructurar convenientemente el sistema,
ordenar los puestos, estudiar los tiempos de trabajo y de respuesta, determinar
qué niveles de formación necesita cada uno de ellos, adjudicar las
retribuciones en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad y, en fin, retribuir
emocionalmente con honores o premios y abrir expedientes disciplinarios.
No se puede renegar de los técnicos porque ponen
cortapisas de índole legal y cobran mucho, por ejemplo, y luego echarlos de
menos cuando el que los sustituye no te saca las castañas del fuego. Ni se
pueden cubrir puestos de índole estructural con contratados temporales, porque
los temporales se pasan el tiempo aprendiendo y no se identifican con el puesto
(y porque eso es repartir miseria). Ni se pueden pagar de forma sistemática
horas extraordinarias, porque eso supone reconocer un desequilibrio estructural
de origen. Ni, tampoco, se puede premiar el acceso al empleo público de los
sumisos, de los afines o de los que, simplemente, no responden al perfil
necesario para el mejor desempeño del servicio.
Solicitud (no firmada) de un encargado de las luces y decreto del Alcalde aceptándola
La sociedad suele acordarse del político que se
sienta en la mesa presidencial, a quien casi siempre (de una forma excesiva) se
agradece el esfuerzo que ha hecho para que salga a la luz lo que allí se
presenta, pero se olvida de quienes están detrás de todo eso, los verdaderos forjadores
del resultado, que son los empleados públicos. La sociedad no suele reparar en
que detrás del político que se da codazos con otros para salir en la foto en la
que se corta la cinta inaugural o se descorre la cortinilla de la placa hay un
montón de empleados públicos que han hecho posible lo que se inaugura. La
sociedad suele reparar en lo noticioso, que es lo malo (los malos empleados
públicos, que los hay), pero no suele echarle cuentas a lo común, que es lo
bueno (los buenos empleados públicos, que también los hay, y muchos).
Cada vez que un político le echa la culpa a los
técnicos de lo que no sale adelante, debería dar explicaciones del fondo de lo
que está pasando: de si es legalmente posible, de si hay o no hay presupuesto, de
las presiones que el técnico está sufriendo y de si el técnico es
verdaderamente técnico o es un suplente del mismo y, en su caso, de por qué no
se han adoptado las medidas adecuadas para que haya uno suficientemente
capacitado.
La Administración en un instrumento en manos de
los políticos que sostienen los empleados públicos. La Administración es un
instrumento que sigue funcionando con los políticos recién llegados, que aún no
entienden de gestión, porque hay empleados públicos que entienden de gestión. Y
la Administración sigue funcionando incluso cuando la gestión de los políticos
es mala.
Los periódicos están llenos de fotos de
políticos presentando o inaugurando, y de muy pocos empleados públicos. El
colmo sería que se llenara de noticias en las que el político le echara al
empleado público la culpa de lo que no puede aprobar o inaugurar.
Acta del Ayuntamiento en pleno de ratificación de los ceses y nombramientos (en la tercera hoja)
* publicado en el semanario La Comarca.
