Algunos gobernantes creen que el
hecho de haber sido elegidos por el pueblo les otorga una suerte de soberanía,
esto es, un poder supremo e ilimitado de decisión, y les cuesta trabajo
entender el papel de los funcionarios, de los interventores, por ejemplo.
“¿Cómo es posible que el interventor me impida hacer esto, si él no ha sido
elegido por el pueblo y yo sí?”, dicen. No saben que en la democracia la
voluntad del pueblo no se expresa a través de la voluntad de sus gobernantes,
sino a través de la Ley, que ha sido aprobada por sus representantes. Y es la
Ley (el pueblo) la que ha puesto allí al interventor para que controle la
acción de los gobernantes.
Como la Ley es la expresión de
la voluntad popular, los jueces no deben aplicar la justicia, sino la Ley. De lo
contrario, se generaría una inseguridad tremenda, pues la justicia es un
concepto muy amplio y tan impreciso que en cualquier conflicto entre dos
personas tendrá dos caras distintas. Por mal redactada que esté y vaga que sea,
siempre es mejor tener una Ley (oral o escrita) que ninguna. Ello no quiere
decir que haya que prescindir de la justicia, sino al contrario, pues los
representantes del pueblo deben hacer leyes justas y los jueces aplicar
criterios de justicia para interpretarlas.
Cuando una ley se tiene mayoritariamente
por injusta, lo suyo no es dejar de aplicarla, sino derogarla o cambiarla. Y lo
mismo debe hacerse cuando, simplemente, la ley no sirve al bien común. Los
representantes del pueblo deben estar atentos para hacer las leyes más justas y
convenientes. Si no están atentos, el pueblo los releva cuando hay elecciones y
nombra a otros para que lo estén.
En España, el poder supremo e ilimitado de decisión corresponde al
pueblo español, así, en conjunto, esto es, como nación. Ni siquiera los
representantes del pueblo español, que están facultados para expresar la
voluntad del pueblo cuando hacen leyes, pueden saltarse la Ley, ni pueden hacer
leyes que vayan contra la ley de leyes, es decir, contra la Constitución.
Y lo que pasa en España no es distinto de lo que pasa en el resto
de países democráticos. De manera que a ningún demócrata, sea de España o no,
se le ocurrirá decir que los interventores no deben controlar a los
gobernantes, que los jueces deben aplicar antes su visión de la justicia que la
Ley o que los concejales de un pueblo tienen potestad para decidir si este se
sale de una provincia y se incorpora a otra, si lo impide la Ley. Y si lo
impide la Ley, no dirá que los diputados provinciales tienen potestad para declarar
a su provincia comunidad autónoma ni dirá que los parlamentarios autonómicos
tienen potestad para declarar Estado independiente a su comunidad.
No lo dirá un demócrata, eso es seguro, pues en la democracia la
legitimidad viene de la legalidad. Y quienes creen que pueden autoproclamarse
depositarios de la soberanía popular por encima de lo que establece la Ley y
declarar Estado independiente a su comunidad caen en los mismos errores que
quienes piensan que los jueces deben aplicar directamente la justicia o que los
gobernantes no están sometidos al control de los interventores.
* Publicado en el semanario La Comarca.
